El Consejo de Estado de Colombia anula el cargo del Procurador General, contrario al pacto con las FARC

Juan Manuel Santos ha logrado una pírrica victoria en su batalla contra el Procurador General de Colombia, la tercera autoridad del Estado tras el presidente y el fiscal general y que integra al de Defensor del Pueblo, que ostenta –u ostentaba hasta este mismo jueves, aún no está del todo claro– el abogado conservador Alejandro Ordóñez desde 2009. Victoria porque el Consejo de Estado decretó en la noche de este miércoles la nulidad de su reelección en 2012 para un segundo mandato, lo cual descabalga de la Alta Institución a una de las voces más críticas con el acuerdo alcanzado por el Gobierno con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pírrica por lo inútil: quizá acabe de ‘ungir’ un nuevo presidente, pues Ordóñez es personaje de enorme prestigio en la nación y bajo su cartel electoral se pueden aglutinar las fuerzas opositoras, desde el Centro Democrático de Álvaro Uribe hasta la derecha conservadora.

La Sala Plena del Consejo de Estado ha tumbado la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación, aprobando así la ponencia de la magistrada Rocío Araújo. El texto argumenta que se presentaron graves irregularidades en la postulación y elección del letrado como jefe del Ministerio Público. El proceso ha sido largo y tedioso, lleno de cambios en la titularidad de la ponencia, con jueces de ida y vuelta, archivos y reaperturas… y enormes sospechas de politización.

La Sala Plena anuló la reelección del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. pic.twitter.com/ZEJvauCvHE

— Consejo de Estado (@consejodeestado) September 7, 2016

Ordóñez se ha mostrado contrario desde el inicio a los términos en los que se estaban desarrollando las conversaciones con los narcoterroristas en la capital de la dictadura castrista de La Habana.

Los acuerdos prevén la práctica impunidad para los terroristas que confiesen sus crímenes, la representatividad regalada al partido político resultante de las FARC y una serie de prebendas económicas y legales que han merecido las críticas de Humans Right Watch y Amnistía Internacional. Desde su atalaya institucional, el procurador Ordóñez ha advertido en no pocas ocasiones a Santos de que los textos aprobados, más allá de ser «de dudosa moralidad», se estaban «saltando los principios legales y los preceptos constitucionales».

Y precisamente a esos preceptos constitucionales, y a esos principios legales, se ha agarrado la Presidencia de la República para acabar con su carrera como Procurador. Ya en el mismo 2012, cuando Ordóñez fue reelegido para un segundo mandato (2013-2016), se presentaron recursos a esta renovación.

Los escritos en contra de que el abogado conservador se mantuviera en el puesto no estaban basados en su capacidad para ejercerlo, a toda prueba, sino a que la Constitución de 1991 no prevé la reelección del Procurador General. Además, se le atribuyeron a Ordóñez responsabilidades en el nombramiento de familiares de senadores en cargos dependientes del Ministerio Público, del que es máximo representante en su condición de Procurador. Una acusación con poco fundamento dado que fue realizada por políticos y técnicos cercanos al Partido de la U, el de Santos, y por otros de su mismo bloque con intereses y cargos de la misma naturaleza.

Ahora, Ordóñez se erige en figura mártir de un proceso que ha seguido paralelo al del acercamiento del Gobierno a las FARC y que ha culminado con la firma prevista para este próximo día 26 de septiembre en Cartagena de Indias, con representantes de la narcoguerrilla junto a Juan Manuel Santos en pretendido loor de multitudes, y con la remoción de su cargo de la persona designada por la Constitución para defender a los colombianos de «proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, […] defender los intereses de la sociedad […] y ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular».

Es por esta razón por la que los contrarios al acuerdo con las FARC ya no sólo denuncian que «se entrega Colombia a los terroristas, se prostituyen sus leyes y su democracia», sino que se ven desamparados por la eliminación política de la figura institucional de quien hacía contrapeso a la voluntad política del presidente Santos de que se aprueben los textos acordados con los terroristas en los términos en que han sido redactados.

Así, no sólo la firma solemne del día 26, sino el plebiscito del 2 de octubre se celebrarán en una especie de limbo legal, con una República de Colombia que no sabrá si cuenta efectivamente o no con su más Alta Institución de control político y de defensa de los derechos humanos.

Fuentes cercanas a Alejandro Ordóñez, de ideología conservadora, aseguran que podría estar pensando en presentarse a las próximas elecciones a la Presidencia de Colombia, que se celebrarán en mayo de 2018. Y, si bien parece tarde para que haya un acuerdo de inicio que aglutine a todo el bloque de centro derecha, es muy posible que su candidatura se una a la que presenten el Centro Democrático –por la que pugnan Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo– y Vargas Lleras, líder del Partido del Cambio Radical. Esa alianza haría muy difícil, al menos según las actuales encuestas, una victoria del bloque que hoy todavía lidera el presidente Santos, el de su Partido de la U, los liberales y la izquierda.